la orden judicial del 8 de junio disparada por el juez Tarchini Saavedra, del juzgado criminal 4° de la capital de Santiago del Estero, para detener 12 campesinos acusados de asociación ilícita, daños, usurpación y tenencia de armas de guerra, dejó en evidencia la falta de reflejos de otras organizaciones hermanas, que no lograron emitir, al menos, comunicados de repudio a esa decisión judicial.
Para el jueves 16 se espera un pronunciamiento del juez que después de los recursos interpuestos por el equipo jurídico del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC) revisaba esa situación.
Angel Strapazzon, reconocido líder, podría, por ejemplo, quedar detenido en Ezeiza al volver al país de un viaje a España. La única mujer, Deolinda Carrizo o el anciano Santillán, otro tanto.
Tengo la impresión que la medida judicial, audaz, inédita, no es mas que un testeo a la reacción de las varias organizaciones campesinas que la provincia tiene. ¿Y los organismos de derechos humanos, los aliados, dónde están?
Desde el punto de vista político son mensajes lamentables por lo ausente.
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